Publicado el: 17 noviembre 2022, 07:23h.
Última actualización: 17 de noviembre de 2022, 01:53h.
El escándalo de una red de apuestas ilegales en Argentina, que recibió el apoyo de fiscales y políticos, entra en su siguiente fase. Como resultado, un senador que pensara que gozaba de inmunidad constitucional puede no tener tanta suerte.
Más de dos años después de la apertura de una investigación que ya ha dado lugar a varias condenas e imputaciones, como las que pesan sobre el ex fiscal Patricio Serjal, el caso continúa. Dos fiscales que pretenden responsabilizar a todos los implicados han llevado sus argumentos a uno de los más altos tribunales argentinos, que esta semana ha reconocido que está dispuesto a escucharlos.
La jueza Bibiana Alonso hizo lugar al pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En consecuencia, la causa contra el senador Armando Traferri no irá al cubo de la basura, como esperaba el senador, y será resuelta por el Tribunal Supremo argentino.
Inmunidad para los delincuentes
No está claro cuándo se pronunciará el Tribunal Supremo sobre este caso. El primer paso es un dictamen de la Fiscalía General del Estado, que probablemente se producirá antes de finales de año, aunque no es probable que la próxima medida se tome antes de 2023.
El Fiscal General, Eduardo Casal, debe aprobar la vista del caso ante el Tribunal Supremo antes de que pueda seguir adelante. Luego, los ministros de la Suprema Corte deberán decidir si aceptan la demanda de los fiscales. Edery y Pietra ya han perdido una ronda. Un tribunal inferior del condado de Santa Fe había denegado previamente su petición.
Si los ministros del tribunal deciden que el caso tiene fundamento, tendrán que resolver otro asunto. La Constitución de Santa Fe contiene artículos que impiden que un político en activo se enfrente a cargos, salvo en determinadas circunstancias. El tribunal tendrá que decidir si esos artículos son legales y vinculantes.
El mandato de Traferri expira el año que viene, lo que significa que expira su blindaje político. Por lo tanto, el tribunal puede decidir que no desea asignar recursos al asunto.
Una red de fechorías
A principios de este mes, un tribunal recibió pruebas de que Serjal, que en su día fue fiscal jefe municipal de Rosario, era culpable de varios delitos. Como resultado, se enfrenta a hasta 12 años de prisión. Además, se le puede imponer una multa de 90.000 AR$ (579 US$) y la prohibición de ejercer cargos públicos. Otro ex fiscal con el que trabajó, Gustavo Ponce Asahad, también está entre rejas por su papel en la operación.
El tribunal acusó a Serjal de ser organizador de una asociación ilegal que proporcionaba protección judicial a una red de juego ilegal a cambio de sobornos. Además de Serjal y Asahad, un antiguo empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, también se enfrenta a una pena de prisión por su papel.
Serjal estuvo al frente de la fiscalía rosarina hasta el 3 de agosto de 2020, cuando renunció. Esto fue en respuesta a una investigación de sus propios subordinados. Le acusaron de formar parte de una red de juego ilegal dirigida por Leonardo Peiti, un empresario al que Serjal y otros protegían.
Peiti pasó un tiempo en prisión y fue puesto en libertad condicional el pasado febrero. Esto ocurrió después de que proporcionara información que implicaba a Traferri, a quien supuestamente dio 250.000 dólares para su campaña.
Edery y Pietra lucharon por la destitución de Trafferi hace dos años, llevando su caso ante el Senado. Los legisladores rechazaron esa petición.
